Una de las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes más destacadas de Nevada planea cerrar sus puertas a finales de este verano, según sus trabajadores, en medio de acusaciones de acoso verbal a los empleados y mala gestión organizativa.
El Arriba Worker’s Center fue fundado en 2017 y ha vinculado a jornaleros inmigrantes y otros trabajadores con servicios de apoyo, capacitación sobre derechos laborales y protección legal. Ha dado apoyo a trabajadores en estados vecinos, como Utah y California.
Los señalamientos se centran en Bliss Requa-Trautz, la directora ejecutiva de la organización. Una docena de trabajadores se reunieron el miércoles para exigir la destitución de Requa-Trautz y que el centro permanezca abierto con una nueva dirección. Los trabajadores afirmaron que los líderes les habían dicho que el centro cerraría por falta de fondos — afirmación que rechazaron — y exigieron mayor transparencia en la gestión.
Según la declaración más reciente ante el IRS la organización sin fines de lucro tuvo ingresos de poco más de 1 millón de dólares y gastos de 1.2 millones de dólares en 2025 y contaba con 21 empleados en 2024.
Requa-Trautz confirmó que la organización planea finalizar sus programas para 2027 y que su departamento legal se cerrará este mes. En un correo electrónico, Requa-Trautz indicó que, “por respeto a la privacidad de los empleados actuales y anteriores, no haremos comentarios públicos sobre asuntos del personal”.
“La propuesta de disolver la organización no se tomó a la ligera y se decidió tras una cuidadosa consideración del entorno financiero actual”, anotó Requa-Trautz por correo electrónico.
A principios de este verano, Hilaria Pascual, la organizadora del centro, presentó una queja ante la Junta Nacional de Revisión Laboral argumentando una mala gestión. Pascual, quien comenzó a trabajar para la organización a principios de este año, afirmó que le preocupó el manejo del centro poco después de empezar a laborar allí.
Después de presentar una carta a la junta directiva de la organización en mayo, se le informó a Pascual que se había contratado a una empresa externa para investigar a la organización y que, mientras tanto, sería puesta en licencia administrativa, según una publicación de Facebook.
“Hemos sufrido muchos daños emocionales, físicos y psicológicos debido a todo lo que hemos vivido”, dijo Pascual durante la junta de este miércoles.
Rosario Ortiz, una ex empleada, compartió las preocupaciones de Pascual y agregó que fue destituida de su cargo de tesorera tras expresar sus inquietudes sobre la dirección. Ortiz añadió que muchos trabajadores han abandonado la organización en los últimos meses debido a la creciente tensión.
“Creemos que Bliss quiere cerrar el centro para eludir responsabilidades”, declaró Ortiz a The Indy. “El centro pertenece a la gente, pero no puede estar en malas manos”.
Un empleado, que pidió el anonimato por temor a represalias, declaró que Requa-Trautz llamaba a algunos trabajadores “inútiles” y los acusaba de robar en el centro — lo cual consideró irónico dado que la organización lucha contra el robo de salarios. Añadió que el sábado se les comunicó a los trabajadores que el centro iba a cerrar.
“Tenemos un ambiente de trabajo difícil”, reconoció el empleado. “Los trabajadores han sufrido maltrato y ostracismo”.
Durante la administración Biden, el centro ayudó a casi 1,000 inmigrantes indocumentados a conseguir protección temporal contra la deportación mientras luchaban contra los abusos en el lugar de trabajo, como el robo de salarios.
